El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes el traslado de 2,000 pandilleros adicionales a la cárcel de alta seguridad del país, el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con una capacidad para 40,000 miembros de estas organizaciones criminales, la más grande de América según el mandatario.
Estos pandilleros fueron transferidos desde prisiones ubicadas en Izalco, Ciudad Barrio y San Vicente, informó Bukele. En el Cecot, afirmó, “pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel”.
Hasta el momento de la publicación del presidente, las autoridades de Seguridad del país no habían confirmado este traslado ni proporcionado detalles al respecto.
Bukele no especificó cuántos pandilleros se encuentran actualmente en el Cecot, una prisión de 23 hectáreas inaugurada a finales de enero del año pasado. Este sería el tercer movimiento de pandilleros a esta instalación, después de transferencias en febrero y marzo del año anterior.
La construcción del Cecot ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que ha cuestionado la falta de transparencia en su desarrollo, especialmente por la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, que permitía evadir los controles habituales en las obras estatales.
Esta prisión se construyó en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, tras una escalada de homicidios que dejó más de 80 muertos en tres días. Este régimen, que ha sido ampliado en 26 ocasiones, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones.
Según el Gobierno, este régimen ha contribuido significativamente a la disminución de la violencia, aunque organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos en este contexto, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta duración.
A pesar de las críticas, esta medida ha sido popular entre la población y fue una de las principales promesas de Bukele para asegurar su reelección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
